El diputado por el departamento de Intibucá y presidente de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, en comparecencia de prensa explicó lo aprobado en sesión de pleno del Congreso Nacional del día 7 de octubre de 2021, sobre la extensión de 15 años del régimen fiscal de Zolitur en Islas de la Bahía, donde aclaró que nada tiene que ver con las ZEDEs, ya que ellos gozan este beneficio desde el año 2006.
Además se refirió a los temas de extensión de 30 días para que los candidatos a puestos de elección popular puedan presentar el informe de gastos en campaña a la unidad de política limpia, así como la extensión de fechas de sesiones de pleno hasta el 20 de enero de 2022 y las reformas al nuevo Código Penal.
Extensión a Zolitur
Es una extensión que se aplica a la Zona Libre Turística en el departamento de Islas de la Bahía para que puedan seguir teniendo los mismos derechos y que fue aprobado en el año 2006, de ninguna manera representa algo que tenga que ver con las ZEDEs, ellos gozan este beneficio desde el año 2006.
“Ellos tienen un régimen especial de impuestos para poder impulsar el desarrollo de las Islas de la Bahía ya que son una cara importante para el turismo en Honduras y representan una fuente de ingresos importantes en el país”, explicó Nelson Márquez.
Lo que ayer se hizo – continuó diciendo – no fue más que extender por 15 años más a la fecha que había sido establecido en que terminaría este régimen para Islas de la Bahía, de hecho, el proyecto fue solicitado por el diputado por el Partido Liberal, Rob McNab, para que se aprobara en un solo debate por la importancia que representa.
“No son nuevas empresas, son las mismas que ya estaban inscritas en Zolitur para que puedan seguir utilizando estos beneficios y poder desarrollas el turismo y la economía de Islas de la Bahía”, apuntó Márquez.
Sobre la ampliación de la presentación del informe de Partidos Políticos y candidatos:
Márquez explica que para los candidatos de Partidos Políticos que participaron en las elecciones primarias puedan tener un tiempo adicional de 30 días a partir de la vigencia del decreto, para que puedan presentar sus informes.
“Una vez vencido el tiempo muchos de los candidatos de los diferentes partidos políticos, algunos electos, otros no electos, se les había vencido el tiempo por falta de experiencia, por falta de conocimiento o por diferentes razones. El espíritu de la Ley de Política Limpia es que todos los que participamos a cargos de elección popular podamos dar a conocer de manera pública de donde proviene los recursos con los que nosotros hemos contado para poder hacer una campaña política y poner un límite a la cantidad de recursos que dependiendo el cargo al que se esté aspirando se puedan utilizar”, dijo Márquez.
Para Márquez, no se pierde el espíritu de la ley al darle espacio para que presenten sus informes a los que se atrasaron de los tres partidos políticos porque hay una cantidad de personas que no presentaron aun sus informes.
“Lo que el Congreso Nacional estableció es que si después de 30 días alguien no presenta sus informes, entonces no tendrá más que cumplir las multas que dice la ley y en algunos casos hasta se puede establecer la posibilidad no pueda competir a su cargo de elección popular, esto no tiene nada que ver con avalar la corrupción de alguien, es más esta decisión obliga a los candidatos y candidatas a que en los próximos 30 días deban presentar sus informes correspondientes”, explicó Márquez.
Extensión de sesiones del Congreso Nacional:
El diputado Márquez también explicó que: “Se extendió hasta el 20 de enero las sesiones del Congreso Nacional, ya que en la ley orgánica se establecen las fechas que se realizan las sesiones de pleno, y debido a la necesidad que existe en el país nos obliga a que no suspendamos sesiones y esto se debe aprobar en sesión, por eso no habrá vacaciones y estamos prestos a realizar sesiones hasta el 20 de enero de 2022”.
Reformas al Código Penal:
“Este es un compromiso que el Congreso Nacional había realizado después que entró en vigencia el actual Código Penal y que se habló de realizar consultas a los distintos organismos de sociedad civil interesados que pudieran pensar que de alguna manera podría afectar el desarrollo de la impartición de justicia en nuestro país y en ese sentido, ya algunos de estos proyectos que fueron consultados a la Corte Suprema de Justicia y que fueron aprobados, pero que nosotros creemos que nada está escrito en piedra y si alguna representación de sociedad civil considera que algo de que se aprobó puedan ser discutidos estos temas”, explicó Márquez.
La función del Congreso Nacional de la República es poder crear, reformar y derogar leyes, de manera que si algo que se aprobó se demuestra va en contra de los intereses más sagrados del país es algo que perfectamente puede ser discutido, concluyó Nelson Márquez.
