Las mentes enfermas que dirigen el llamado Estado Islámico (IS), no solo decapita a sus prisioneros; hoy, la nueva modalidad está en “subastarlos” a cambio de su liberación.
“A quien le interese entre los cruzados, paganos y sus aliados, así a como entre las llamadas organizaciones de derechos humanos: este prisionero fue abandonado por su Gobierno, que no hizo todo lo posible para comprar su libertad”, señala el IS en Dabiq, la revista en inglés del grupo.
La edición salió ayer.
Los capturados aparecen vestidos de amarillo bajo un rótulo en el que se informa de que se hallan en venta.
La proporciona un número de teléfono móvil con prefijo iraquí donde el IS invita a llamar a “quien quiera pagar el rescate… La duración de la oferta es limitada”, advierte la nota.
El noruego Ole Johan Grimsgaard-Ofstad, de 48 años, y el chino Fan Jinghui, de 50 años y consultor independiente en Pekín, son los secuestrados.
La organización que dirige Abu Bakr al Bagdadi no aporta detalles de la captura de ambos extranjeros.
Lo que se sabe de Grimsgaard-Ofstad es que publicó una foto en enero en su cuenta de Facebook en la que aparecía en la frontera entre Turquía y Siria. Seis días después subió otra fotografía celebrando que había alcanzado la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria.
La primera ministra noruega Erna Solberg ha confirmado este miércoles el secuestro de Ole tras desvelar que durante su cautiverio habría pasado por varios grupos hasta caer en manos del IS.
Sin embargo, se muestra contraria a pagar el rescate.
El grupo, que en junio de 2014 proclamó un califato a caballo de Siria e Irak, ha convertido los secuestros en una de sus fuentes de financiación junto al contrabando de petróleo o antigüedades y la extorsión.
Desde entonces ha decapitado a periodistas y activistas extranjeros, una práctica que ha extendido a sus sucursales repartidas en países vecinos.
En agosto la filial egipcia del IS anunció la decapitación del rehén Tomislav Salopek, un topógrafo de nacionalidad croata secuestrado en julio a las afueras de El Cairo, cinco días después de que expirara el plazo de 48 horas concedido a las autoridades egipcias para que liberaran a “las musulmanas encarceladas en las cárceles” del país árabe.